Presentación número 5º

La Ley Orgánica de Educación, al igual que las leyes que la han precedido, considera la educación como un servicio público, "un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales".

Si desde los años setenta, la educación escolar se va consolidando en cantidad (más puestos escolares para una mayor banda de edad escolarizable), es en el inicio de los años 90 cuando la calidad educativa se configura como la principal meta, articulada a través de la mejora permanente de la educación y la enseñanza.

Por formar parte de la Unión Europea, España participa en el denominado proceso de convergencia europea que consiste en el establecimiento de objetivos comunes para todos los países que la integran. Sin embargo, los resultados de nuestros alumnos en las últimas evaluaciones internacionales son claramente mejorables, lo que nos lleva a reflexionar que es preciso cambiar y adaptar nuestra realidad educativa para encaminarla al logro y confluencia con algunos países que obtienen mejores resultados. Debemos entenderlo como una cuestión de supervivencia ya que influirá en el nivel competitivo de los alumnos cuando sean ciudadanos adultos.

Al fijarnos en los países que obtienen mejores resultados, vemos como distintivo frecuente la mayor autonomía de cada centro y el uso de la misma para motivar al alumnado y orientarlo hacia el esfuerzo y el aprendizaje. La autonomía de los centros sólo puede lograrse si la Administración se compromete a cederla realmente, si los directivos y los profesores saben ejercerla (y para ello deben formarse en las bases en que se fundamenta) y se establecen procedimientos eficaces y fiables de evaluación y de rendición de cuentas.

La LOE recoge que la importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan. La evaluación de centros, programas, servicios y profesores se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.

Por ello, resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa. No sólo referidos al alumnado o al currículo. También las Administraciones deben comprometerse a someter a evaluación todas sus iniciativas y acciones y a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado.

La valoración del los resultados de los alumnos fue, durante mucho tiempo, el único objeto de la evaluación. Paralelamente y junto a ella -ya que permanece a lo largo del tiempo con escasas modificaciones- se desarrolla una evaluación que tiene como eje los centros educativos, en sus diferentes dimensiones.

Hoy (recogiendo aportaciones contenidas en artículos que publicamos) concebimos la evaluación como una cultura del centro, como garantía de calidad y en todas sus dimensiones:

En relación a los alumnos debe evaluarse el "nivel competencial", de modo que cada alumno tenga experiencia de éxito en el logro de aprendizajes significativos crecientes, en un esquema de secuenciación curricular en función de sus capacidades. Las metas organizativas relevantes son, precisamente, las que inciden concretamente en la calidad personal y el nivel competencial de cada alumno.

Respecto al profesorado puede ser objeto de evaluación el liderazgo docente, la capacidad del profesor para crear aprendizajes, la preparación de las clases (metas, materiales, recursos), las sinergias del equipo docente, la investigación e innovación. Su capacidad de respuesta a los compromisos educativos que asume, medida a través de indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones; es lo que hoy denominamos autonomía responsable.

Referida al centro, trata de conseguir una cultura en la que calidad y evaluación estén estrechamente relacionadas, producto de la participación activa del profesorado a través del trabajo en equipo y análisis crítico de procesos y resultados. La evaluación así entendida, debe desembocar en mejoras diseñadas por un profesorado comprometido. Así mismo, debe considerarse la necesaria complementariedad de la evaluación interna y externa ya que el proceso de autoevaluación se puede enriquecer con sugerencias de expertos externos que pueden ayudar al centro a lograr una visión más amplia de su propia realidad.

Referida a las administraciones educativas, éstas sólo conseguirán éxito si la valoración de las dimensiones antes señaladas resulta positiva.

Consejo de Redacción