Interview with Mª Luz Sanz Escudero, President of the Commission of Education and Culture of CERMI (Spanish Committee of Representatives of People with Disabilities)

Abstract

Desde hace años muchas voces autorizadas han planteado la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia educativa. La dirección de la revista "Avances en supervisión educativa", revista de la Asociación de Inspectores de Educación a nivel estatal, dedica este número al pacto por la educación o pacto educativo.

Estamos especialmente interesados en recoger la opinión de los diferentes sectores sociales y por ello hemos pensado que lo más acertado es preguntar a los diferentes miembros del Consejo Escolar del Estado. Les hemos rogado que indiquen claramente el nombre y la representación de la opinión que emiten.

Mª Luz Sanz Escudero

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Miembro del Consejo Escolar del Estado

1.-  Desde la perspectiva de su organización ¿qué cree que falta en estos momentos para que se pueda cerrar el pacto educativo?

El Ministerio de Educación ha realizado un esfuerzo importante por alcanzar un consenso, tal como se ha puesto de manifiesto a través de las distintas consultas realizadas a los agentes implicados, que han supuesto diversos borradores hasta alcanzar el texto definitivo que se acaba de presentar el pasado 22 de abril.

Sin duda, el Pacto presenta los mínimos a los que se debe llegar para disponer de un sistema educativo estable y de calidad para todo el alumnado. Por supuesto, falta ahora la voluntad de lograr una compromiso político real y efectivo para que desde este planteamiento de base, la educación sea considerada como una cuestión primordial para nuestra sociedad y se dispongan las medidas necesarias para que estos mínimos se cumplan sin que existan desigualdades territoriales en su aplicación.

Hay dos cuestiones que son fundamentales para alcanzar los objetivos educativos recogidos en el Pacto. Por un lado, que la inversión educativa que se prevea sea suficiente, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, y que esta dotación se realice de manera igualitaria para que con independencia del lugar donde esté escolarizado un/a alumno/a, en nuestro caso, con discapacidad, reciba una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Y, por otro lado, es necesario un seguimiento y una revisión constante de la aplicación de las líneas estratégicas de actuación previstas, con objeto de identificar las mejoras necesarias y realizar, a nivel central y/o autonómico, los cambios que fueran oportunos.

2.-  ¿Qué aspectos más urgentes habría que incluir en el pacto si se hiciera un diagnóstico interno del actual sistema educativo?

En relación con el alumnado con discapacidad, tras la revisión realizada del texto presentado por el Ministro de Educación, las entidades de la discapacidad integradas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI nos sentimos satisfechas porque el texto recoge, en gran medida, las principales demandas que le fueron planteadas al Ministerio por parte del CERMI.

De esta forma, además de que el Pacto establece propuestas dirigidas a todo el alumnado de las que se beneficiará también el alumnado con discapacidad, se ha reservado un objetivo específico a la inclusión educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad, en el que se da prioridad a las siguientes cuestiones:

• la detección precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo, en particular aquellas asociadas a la discapacidad, que permite iniciar cuanto antes una atención integral al alumno/a, regida por los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos,
• la dotación adecuada y suficiente, y a lo largo de todas las etapas, de los recursos humanos y materiales que el alumnado con discapacidad precise,
• la coordinación del profesorado que imparte los diferentes niveles y la adecuada orientación psicopedagógica, con objeto de apoyar y orientar al alumnado con discapacidad en el tránsito entre etapas de cara a su posterior capacitación profesional e inserción laboral, y
• la formación inicial y permanente del profesorado y de los responsables de la orientación educativa, así como de todos los agentes implicados.

No obstante, tal como hemos trasladado al Ministerio, nos preocupa que en el Pacto no  quede recogida, de forma explícita, la incorporación de la atención al alumnado con discapacidad entre los indicadores de calidad del sistema educativo, ya que si el propósito  de las medidas propuestas es fomentar la equidad y la excelencia como factores indisociables para conseguir una verdadera educación de calidad, resulta imprescindible evaluar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado con discapacidad.

Y, por otro lado, una cuestión que consideramos debería recogerse en el Pacto, es la posibilidad de establecer, para el alumnado con discapacidad que así lo solicitase, medidas de flexibilización y/o alternativas en las metodologías de aprendizaje de la lengua extranjera, así como en los requisitos de acreditación del nivel alcanzado, en especial, en relación con la expresión oral. Consideramos que la dificultad que pueden presentar algunos/as alumnos/as debido a la presencia de una discapacidad no debería ser motivo que les cerrara una puerta de formación para una capacitación y un ejercicio profesional que pueden adquirir y llevar a cabo en su propia lengua.

3.-  ¿En qué aspectos de los citados en el punto anterior cree usted que será posible llegar a  acuerdos?

La aplicación real y efectiva  de las medidas de acción positiva contempladas en el Pacto a propuesta del CERMI permitirá asegurar la igualdad de oportunidades y garantizar una educación de calidad para el alumnado con discapacidad, que se rija por los principios de atención a la diversidad y de normalización, garantizando una igualdad efectiva de oportunidades y conciliando la calidad con la equidad en el reparto de los recursos y los apoyos que sean necesarios.

Confiamos en que su aplicación no dependa de alcanzar determinados acuerdos, sino que debe responder al derecho que le corresponde a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, tal como recoge la actual legislación educativa (Ley Orgánica de Educación y sus normas de desarrollo) y, en concreto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en diciembre de 2008, y vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008, que consagra la educación inclusiva de las personas con discapacidad. (art.24).

Se trata, por tanto, de un compromiso adquirido por la Administración Educativa, como responsable de la adopción de las políticas educativas, así como de su desarrollo y aplicación. Sin embargo, consideramos también necesario que se realice una importante labor de sensibilización e información sobre las necesidades y las capacidades del alumnado con discapacidad a toda la comunidad educativa, desde el profesorado, el personal no docente, hasta los padres del resto del alumnado.

Sin olvidar el ámbito de la Universidad donde se forman los futuros docentes. Siendo necesario, además que, en consonancia con nuestra legislación de no discriminación, se incluya en los contenidos de los currícula de las diferentes carreras, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

Mª Luz Sanz Escudero

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Miembro del Consejo Escolar del Estado