America: Educational System and Supervision in Peru

Abstract

Matilde Unda Chino
Licenciada en Educación. Directora Centro Estatal Mixto Humberto Luna
Región Cusco, Perú

Perú un país con escasos recursos económicos para satisfacer las inmensas necesidades sociales de la población, sobre todo en el campo de la educación, dado el incremento constante de la demanda, y donde el Ministerio de Educación se constituye en la empresa estatal más grande del país, requiere de diversos mecanismos orientados a cautelar el uso racional de los escasos recursos, tratando en lo posible de optimizarlos.

El Ministerio de Educación es el que debería recibir el mayor porcentaje del presupuesto nacional para financiar principalmente el sueldo de los maestros, empleados y cesantes, que en conjunto bordean el cincuenta por ciento de la burocracia estatal. Según la  Ley General de Educación 28044, promulgada el 28 de julio del 2003, el estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal, pero ésta no se cumple y es apenas un poco más del 2% el realmente destinado. A pesar de ello, resulta pues imprescindible que, a través de diversos órganos, métodos y procedimientos administrativos, se verifique permanentemente su utilización procurando mantener siempre una relación positiva del ratio Costo/Beneficio o Costo/Utilidad de la educación, el cual debería constituir un parámetro o línea de comportamiento en la gestión administrativa de todas las entidades del sector.

El Ministerio de Educación del Perú es el órgano que controla cuarenta y cuatro mil Instituciones Educativas Públicas y diecisiete mil programas no escolarizados que dependen directamente de este Ministerio. Entre sus funciones principales están la formulación de políticas nacionales sobre educación, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas sobre todo el sistema sectorial.  Desde 1995, la Estructura Educativa en el Perú funciona dividida en el Vice Ministerio de Gestión Pedagógica y Vice Ministerio de Gestión Institucional. La finalidad de los Vice ministerios es eminentemente técnica y orientada a asistir a las Direcciones Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Local. Una segunda finalidad concierne al establecimiento de lineamientos y criterios para la organización y funcionamiento de las Instituciones Educativas de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria de Educación Básica Regular, Educación Técnico Productiva, Educación Básica Especial, Primaria y Secundaria de Educación Básica Alternativa y Educación Superior, incluida la elaboración de Diseños  Curriculares Básicos.

Las Direcciones Regionales de Educación, en número de 23 en el país, dependen funcionalmente del Vice Ministerio de Gestión Institucional, que tiene una oficina de Coordinación y Supervisión Regional. Para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales. La idea es contar con una unidad de suficiente nivel jerárquico que permita que el Ministerio recobre liderazgo en el plano Regional.

Las Unidades de Gestión Local, en número de 189, son instancias de  ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación.

Finalmente tenemos 44000 Instituciones Educativas distribuidas en diferentes niveles: Inicial comprende desde los 0 años a 5 años de edad oficialmente pero que en realidad sólo se atiende a un 73.6% entre los 4 y 5 años, que se ofrece en jardines para niños y a través de programas no escolarizados, destinados a niños pobres de las áreas rurales y urbano-marginales. Educación Primaria comprende seis grados y concentra la mayor proporción del esfuerzo educativo de la nación, la escolarización es de 6 a 11 años y llega al 92.8%. Debido a la dispersión de la población rural, existen cerca de 8,850 escuelas primarias. La Educación Secundaria, dura 5 años, es diversificada con opciones científico-humanista y técnica entre los 12 -18 años, el 83.5% de la población está escolarizada. La Educación Especial, atiende a la población con discapacidad, pero en forma limitada, ya que no se dispone de los recursos necesarios, por tanto, las condiciones de infraestructura y equipamiento de locales escolares es escaso. La Educación Técnico Productiva está orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales, pero la falta de equipamiento de las escuelas hace que el trabajo y logro de los objetivos no sean considerables. La Educación Básica Alternativa, ofrecida en los niveles de Primaria y Secundaría destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación permanente, y finalmente la Educación Superior.

La crisis educativa que viene soportando el Perú en todos sus niveles y que es reconocida por todos los sectores sociales, obliga a pensar y proponer diversas estrategias tendientes a la solución. Por lo que actualmente el Ministerio de Educación viene implementando un proceso de descentralización que busca transferir a las Instituciones Educativas funciones antes realizada por las Direcciones Regionales y la Sede Central. Por ejemplo, en materia de gestión y administración de personal, las estructuras de organización de personal y procedimientos normados y definidos por el Ministerio de Educación, vienen siendo asumidas por  las Instituciones Educativas quienes irán definiendo sus estructuras de organización, personal y procedimientos de gestión, en función de sus características y necesidades específicas. A su vez  como consecuencia de esta transferencia de funciones se reducirán significativamente varias funciones de administración de personal de las Instituciones Educativas ejercidas por las Unidades de Gestión Local.  Entre ellos, de hecho la Supervisión Educativa.

Por ejemplo un dispositivo dado en 1996, la Resolución Ministerial 016-96-ED, posibilita que las Instituciones Educativas progresivamente asuman funciones de contrato, cese y reasignación y evaluación interna de su personal, pero hoy aún 10 años después no se efectiviza.  También el mismo dispositivo determina que los centros educativos definan el uso de hasta un 30% del tiempo efectivo de libre disponibilidad, para desarrollar talleres, áreas o cursos, que contribuyan al logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios, o de especial importancia para la realidad local o las necesidades específicas de los estudiantes.

Aunque las intenciones del Ministerio de Educación por mejorar el control y calidad Educativa mediante normas, dispositivos y demás son buenos, quedan ahí en intensiones solamente.

Por lo tanto en el País falta un real y adecuado servicio de Supervisión, no aquella tradicional orientada solamente a la verificación documentaria y de las condiciones de aprendizaje, con fines de mejoramiento, sino que la supervisión debe orientarse al control de la calidad, tanto al diseño pero sobre todo en el proceso, para cautelar la satisfacción plena o integral de las necesidades educativas demandadas, es decir, lograr resultados de calidad requeridos por la sociedad peruana, tanto por los propios estudiantes, los padres y la comunidad en general. Un sistema educativo de calidad debería responder antes que el interés o preocupación pedagógica y en algunos casos comercial de los ofertantes, a los requerimientos de competencias concretas de los demandantes. Lamentablemente en el Perú las condiciones psicosociales y económicas de la población, así como también la carencia de políticas educativas no posibilitan explicitar las condiciones o características de calidad en la demanda.

Desde 1990 atravesando el período del presidente Ing. Alberto Fujimori Fujimori y el período del presidente Dr. Alejandro Toledo Manrique y hoy a dos meses del reciente electo, Presidente de la república Dr.  Alan García Pérez, se evidencia la desatención de la supervisión educativa, entre otros no sólo por  la drástica reducción del aparato administrativo del Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales y las Unidades de Gestión Educativa Local, sino también porque el modelo de gobierno neoliberal, donde el liberalismo a ultranza -que alcanzó incluso a la educación debilitó demasiado la intervención del Estado en aspectos de control, fiscalización y aún de supervisión de las entidades y actividades educativas. Aunque en los últimos discursos  el presidente García anunció la Evaluación a los maestros con el fin de valorizar críticamente la acción educativa. Que de hecho viene siendo rechazada por el Sindicato Únitario de Trabajadores en la Educación del Perú. (SUTEP). Con la actitud expresada en: ¿Quien evalúa a Quien?

En este modelo, donde la educación no estatal es considerada como mercancía y las instituciones educativas particulares como empresas privadas que impiden la intervención del Ministerio de Educación y la regulación de las actividades educativas se  pretende someterla a las leyes del mercado, dado que no ha sido posible los intentos de privatización de la educación estatal.  Por tal razón se debe sistematizar la supervisión, no sólo por constituir necesidad básica del cualquier sistema educativo sino por que algunas innovaciones que se vienen aplicando durante estos largos años de gobierno (constructivismo pedagógico, articulación curricular, y la aún limitada autonomía de las Instituciones Educativas) obligan a restablecer y dinamizar la supervisión, para cautelar la calidad y eficacia de los mismos.

La supervisión educativa puede constituir un instrumento eficaz para verificar, implementar, aplicar y corregir -según los casos- los lineamientos de política educativa establecidos por cada gobierno, pues no existe una política educativa de Estado, motivo por el que cada gobierno que ingresa al poder dicta lineamientos, cambios de estructura, de dispositivos. De esta manera, podemos decir, que la supervisión cumple un rol político de primer orden, pues como órgano sensor del aparato administrativo en el sector educación recoge y procesa información y opinión técnica en torno a la validez, consistencia y aplicación de las políticas en materia educativa, asegurando que el servicio educativo responda a las necesidades de la comunidad, a los intereses nacionales y se encuadre en el marco constitucional en el cual se inscribe nuestro sistema educativo.

La supervisión debe, permanentemente y sistemáticamente, verificar, evaluar y compatibilizar la política educativa del gobierno con los planes y programas de desarrollo, tanto a nivel local como a nivel nacional, haciendo que el alumno, a la vez que se desarrolle como ciudadano, en forma integral, comprenda y oriente su preparación tendente a alcanzar los grandes objetivos nacionales. La supervisión debe entonces enfatizar la preparación para una libre y amplia reflexión en torno a las fuerzas que actúan sobre las instituciones y poderes del estado.

Desde otra perspectiva, al asumir este rol "político" de la supervisión, no debe descartarse que ésta pueda ser condicionada significativamente por el modelo educativo del gobierno de turno, el cual según su orientación ideológica será capaz de, a través de la Supervisión, frenar, mantener o profundizar y acelerar los cambios significativos que deben introducirse en el sistema educativo y por ende en el sistema social del país.

Antes de 1990, se consagró a la supervisión como una función obligatoria del Estado para asegurar la calidad y eficiencia de la educación tan venida a menos, pero los Supervisores o Inspectores de Educación, no fueron bien recibidos por los maestros, siendo mas bien objeto de resistencias y aún de menosprecio a tan trascendente actividad, restándole por tanto seriedad y eficacia, por lo que hoy no existe personal especializado en esta función tan importante, quienes están ejerciendo la supervisión entre otras múltiples funciones administrativas, actualmente son los especialistas educativos quienes demuestran una insuficiente experiencia profesional tanto como docente cuanto como supervisor, asumen actitudes autocráticas en sus relaciones con el supervisado, orientan la labor supervisora con un enfoque fiscalista, antes que de ayuda, orientación y estímulo, que genera actitudes de desconfianza. Todo ello ha creado reacciones defensivas que se manifiestan en los docentes porque evidencian la falta de una naturaleza cooperadora y pedagógica de la supervisión, identificándola más como una acción represiva, que indudablemente despierta sentimientos de temor, recelo y aún actitudes agresivas. Que ha creado a su vez en los especialistas (supervisores) actitudes de indiferencia y desmoralización, factor tan pernicioso que ha condicionado a que la supervisión devenga en el Perú en una función burocrática más intrascendente y poco eficaz en el rol retroalimentador del sistema educativo.

Para superar todos estos problemas será conveniente efectuar una reingeniería de la supervisión en los distintos escalones administrativos a fin de tener personal íntegramente dedicado a este servicio, dada la naturaleza e importancia del trabajo con un nuevo sistema que funcione con herramientas estratégicas para el control de la calidad educativa. Además se considera que una supervisión eficaz, será capaz de estudiar y proponer nuevas normas adecuadas a la realidad y necesidades educativas, espacial o temporalmente, para superar o prevenir los múltiples problemas que se presentan inevitablemente en la educación nacional.

Matilde Unda Chino - Licenciado en Educación