Editorial

Resumen

Es indudable que la educación tiene un perfil asociado al desarrollo de la persona, pero a la vez se relaciona con el progreso de las naciones. El interés por la educación que se pone de manifiesto en los foros europeos y mundiales tiene mucho que ver con lo segundo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, no es ajena a esa doble perspectiva: todos tendrán acceso a la instrucción elemental y a la enseñanza técnica y profesional. La primera, además, será obligatoria y gratuita. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2007, viene a decir lo mismo, sustituyendo "instrucción elemental" por "enseñanza obligatoria". Han pasado sesenta años entre una y otra declaración. Hoy aspiramos a extender la educación más allá de los dieciocho años;  nuestras leyes se refieren ya al aprendizaje a lo largo de la vida.

La regulación del derecho a la educación en España y del sistema educativo se ha venido conformando a partir de la Constitución de 1978, entre tensiones y acuerdos, mediante la promulgación de leyes orgánicas del Estado, leyes ordinarias y normas reglamentarias del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Diferentes gobiernos han pretendido impulsar la mejora de la educación y se han realizado reformas para adaptarse a los cambios sociales, al desarrollo científico y tecnológico y a los nuevos modos de producción. Se han hecho esfuerzos innegables, pero sin llegar a igualar la inversión en educación de los países de nuestro entorno.

Hemos tenido etapas de más y de menos normas básicas, y de más o menos fricciones entre los gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas. En los últimos años, sin embargo, desde la formulación de las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, de marzo de 2010, que han dado lugar a lo que se conoce como estrategia de Lisboa, parece que los objetivos de mejora de la educación, vinculada a la sociedad del conocimiento y a un nuevo desarrollo de las personas y de las naciones, son un elemento común de todas las políticas educativas de las diferentes Administraciones.

Los objetivos de Lisboa han alcanzado un amplio consenso. ¿Cómo estar en desacuerdo en que se aumente la inversión en educación, en que se extienda la formación a más personas más allá de los 18 años, en que se utilicen las tecnologías de la información y del conocimiento en las escuelas y centros de formación, o en que se favorezcan las sinergias entre centros de formación y empresas o centros de investigación? Por otra parte, la movilidad de ciudadanos, sean estudiantes y profesores, o trabajadores con una determinada cualificación, exige establecer los adecuados sistemas de homologación y certificación de conocimientos y diplomas.

Esos objetivos constituyen el meollo de la propuesta de Pacto social y político por la educación que impulsa el Ministerio de Educación. Se proponen objetivos generales y medidas generales también en cierta medida, pero no son simples generalidades. Son del tenor que corresponde a una propuesta de acuerdo con las fuerzas políticas y los representantes sociales. Deberán desarrollarse por medio de disposiciones y actuaciones concretas, que deberán ir acompañadas de la correspondiente inversión.

Sin entrar en el detalle del documento, porque no corresponde hacerlo aquí, podemos señalar que las medidas propuestas no suponen ningún cambio radical con respecto a la política educativa de los últimos años. Son más bien una profundización en determinadas políticas, o una acentuación de determinadas líneas estratégicas. Vale como ejemplo la referencia a las TIC o al aprendizaje de idiomas. Tienen interés las propuestas referidas a los cursos finales de la educación secundaria obligatoria, que son un ejercicio de realismo y un intento de corrección del descenso en la graduación de la secundaria obligatoria. Tiene un peso específico importante el paquete de propuestas relacionadas con la formación profesional. También se abordan cuestiones clave en relación con la autonomía y la evaluación de los centros, el Estatuto del profesorado, la financiación, etc.

¿Es posible un pacto por la educación? No nos planteamos si es conveniente. Estamos convencidos de que lo es. Nadie discute las líneas de progreso que vienen marcadas por la estrategia de Lisboa. Estamos inmersos en un proceso de convergencia con los países de nuestro entorno, que nos hace avanzar a todos. Un acuerdo que diera estabilidad al sistema podría facilitar el camino y nos queda distancia por recorrer.

Ángel Diez Baldero