Editorial

Abstract

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN

 La Constitución de Cádiz, la primera constitución española, cuyo bicentenario se celebra este año de 2012, establece en uno de sus primeros artículos que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación.

Dedica seis artículos, de los 384 que forman parte del texto, a la instrucción pública. En el primero de ellos se establece que “[e]n todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.

Tuvo una vida corta. Los siguientes textos constitucionales del siglo XIX no hacen referencia a la instrucción pública, salvo el proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873, que determina que los municipios han de sostener “escuelas de niños y adultos, dando la instrucción primaria gratuita y obligatoria”. La Constitución de la Monarquía Española de 1869 y la de 1876 proclaman el derecho de los españoles a fundar establecimientos de instrucción o de educación.

En 1857 se dictó la llamada Ley Moyano, la primera ley de educación de España, que mantuvo su vigencia parcialmente más de cien años.

El panorama de la educación en España, a mediados del siglo XIX, con un 75 % de analfabetos, y a principios del siglo XX, con un porcentaje de analfabetos superior al 50 % y un porcentaje de personas con estudios medios o superiores que no llegaba al 5 %, era deplorable. Así lo reconoce el preámbulo de la Ley General de Educación de 1970, que representa el primer intento serio de abordar una reforma de la educación en España. No se alcanzará el 100 % de escolarización entre los 5 y los 15 años hasta 1980.

Doscientos años después de la Constitución de Cádiz la situación ha cambiado, pero todavía arrastramos algunos déficits históricos. Por eso es importante señalar la evolución de la formación de la población adulta en España, que dista todavía de los niveles de buena parte de los países de nuestro entorno, pero está mejorando de manera ostensible en los últimos años (20 puntos porcentuales de mejora en el número de personas con estudios superiores al nivel obligatorio en diez años; estamos en el 52 %, mientras la media de la OCDE es del 74 %). Esto es obra en buena medida de la LOGSE, de 1990, que extendió la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años y de la inversión realizada en los últimos años. También tiene que ver con el compromiso de España en la estrategia de Lisboa, impulsada por la Unión Europa a partir del año 2000.

¿Está amenazado el progreso de los últimos años por los recortes en educación?

Vivimos una crisis económica salvaje. Nos despertamos un día con la noticia de la quiebra de unos bancos lejanos por unas inversiones especulativas. No iba con nosotros. Nuestra economía era sólida, teníamos reservas sobradas, cuentas claras, una gestión eficiente. Humo. Empezó a caer la Bolsa y los ingresos de las administraciones y se disparó el paro y el déficit de las cuentas públicas. La burbuja inmobiliaria se pinchó. Ya no somos ricos. Toca recortar gastos e ingresos y derechos sociales. Sic transit gloria mundi.

¿Hasta dónde podemos llegar? Hay que suprimir gastos innecesarios, racionalizar, ahorrar. ¿Nos pasará como al burro del gitano, que aprendió a no comer y, al final, se murió de hambre?

La educación ha de ser preservada, porque es un valor de futuro, porque nos hace libres, porque es lo mejor que podemos legar a nuestros hijos y es la clave de nuestra identidad como comunidad.

Necesitamos renovar el discurso y levantar la cabeza. Ya está bien de conformidad y de cantinela catastrofista. Hagamos lo que tengamos que hacer y hagámoslo juntos, pero mirando adelante, por el progreso de las personas y de los pueblos. Hagamos un esfuerzo y demos un paso juntos, sin renunciar a nuestro compromiso por el futuro, que pasa por asegurar el valor de la educación.

Ángel Diez