Reclamación de calificaciones: una oportunidad para la mejora de la práctica docente

Resumen

Durante la educación y formación inicial del profesorado, el 48% de los docentes en España (según TALIS, 2018), ha estudiado los contenidos propios de sus materias, la didáctica específica y general y la práctica en el aula. Sin embargo, esta proporción es significativamente más baja que el promedio en los países y economías de la OCDE que participan en TALIS (79%). Aunque esta tendencia parece irse reduciendo en los últimos cinco años, la población general de docentes admite tener, prioritariamente, necesidades formativas en las “prácticas de evaluación de los estudiantes” y en “la enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales”. Teniendo en cuenta las funciones del profesorado que establece la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE) en su artículo 91.1, el que los docentes en España tengan dificultades en el desarrollo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, podría estar condicionando el plan de mejora de nuestro sistema educativo. En ocasiones, las familias muestran su desacuerdo con la decisión del docente sobre las calificaciones asignadas a un alumno, y/o sobre la decisión de promoción/titulación y/o sobre las medidas de atención a la diversidad planteadas a sus hijos/as (especialmente en la ESO y Bachillerato, pero también, en los últimos años, en Primaria). Este desacuerdo puede materializarse en una reclamación. Aunque hay muchas comunidades autónomas que han pautado el procedimiento de reclamación, no se han encontrado procesos de asesoramiento que se impulsen desde la Administración (Inspección) hacia los centros educativos para intentar evitar errores en el proceso de enseñanza. Con este artículo, pretendemos asesorar al profesorado sobre los aspectos que conlleva el análisis de una reclamación por parte, en primera instancia, del propio centro, y finalmente, por la propia Inspección. En la misma función de asesoramiento, extensiva a todos los miembros de la comunidad educativa, este documento puede ser utilizado por las familias de alumnos/as inmersos en procesos de reclamación como forma de analizar el cumplimiento de los derechos que le concede el marco normativo vigente. En cualquier caso, el documento se plantea como una oportunidad de mejora profesional (también para la propia inspección), y no como una amenaza a la propia práctica docente o inspectora.