Editorial - Díez Baldero, Ángel (Avances en Supervisión Educativa, 2012)
En septiembre pasado, conocimos el borrador del proyecto de la nueva ley orgánica de educación. Se abrió por parte del Ministerio un proceso de participación de los sectores afectados y nos sumamos a él. A mediados de octubre, hicimos llegar al Ministerio nuestras aportaciones, críticas pero a la vez constructivas. Se trata de un documento aprobado por la junta federal en ocasión del Congreso de inspectores de Alcalá de Henares (17-19 de octubre de 2012), que se puede consultar en la web de ADIDE Federación del Congreso de Alcalá[1]. Hace unos días, se ha hecho pública una nueva versión del borrador, que fue presentada en la Conferencia Sectorial de Educación. Es un documento más extenso que el anterior, que sigue las líneas generales de aquél, pero introduce dos o tres elementos de gran calado: la modificación de la estructura del currículo de las enseñanzas básicas, que ahora constaría de materias troncales, específicas y de especialidad, y la revisión del modelo lingüístico de la escuela en las Comunidades con lengua propia además del castellano. Por cierto, la enseñanza de las lenguas propias de las Comunidades con lengua cooficial junto al castellano aparece relegada al ámbito de las materias de especialidad, que no se tendrían en cuenta en determinadas evaluaciones. Tenemos el enfrentamiento servido. Va a ser difícil llegar a acuerdos entre las administraciones competentes en educación. La educación es materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Constitución fija en el artículo veintisiete unos elementos mínimos sobre el derecho a la educación, que después acaban de configurar las leyes orgánicas, las leyes autonómicas en su caso y el desarrollo reglamentario de unas y otras. No voy a enumerar aquí la sucesión de leyes orgánicas que han visto la luz desde el año ochenta. Son demasiadas, y demasiado contradictorias en ocasiones. No se puede esperar nada bueno de tal prurito legislativo. Cambiar la ley general de educación cada ocho o diez años es simplemente disparatado. Lo que prueba esto, a mi entender, no es sino la incapacidad del legislador para comprender la materia que es objeto de la regulación. En esta ocasión, se añade la revisión del modelo lingüístico de la escuela, haciendo aparecer un problema donde había una solución. Se aborda, desde el borrador del proyecto de ley de educación, un elemento particularmente sensible, ya regulado en otros textos legislativos, y se hace con poco cuidado, con trazo grueso, sin pararse en mayores consideraciones. La tensión puede subir de uno y otro lado unos cuantos grados. La cosa promete: recursos ante el Constitucional, ante el Supremo y los Tribunales Superiores, llamadas al desacato… ¿Tiene sentido todo esto? ¿Lo tiene en relación con la mejora de la educación en España, que es en lo que estamos de acuerdo todos? ¿Se trata tal vez de distraer al personal de otras cuestiones? Vivimos en un escenario de crisis que cada vez parece ir a peor. La educación está sufriendo recortes que nos toca soportar a todos. Podemos entender que hay que racionalizar el gasto y que los profesionales de la educación deben redoblar esfuerzos, pero cuesta entender –a mí me cuesta entenderlo– que la solución pase por una reforma del marco legislativo del sistema educativo que se haga sin el consenso suficiente. La lista de los objetivos que compartimos es amplia y de fácil enumeración. Tiene que ver con las propuestas recogidas en la Estrategia de educación y formación de la Unión Europea para 2020. A saber: disminución del número de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, Matemáticas y Ciencias; extensión de la educación infantil; reducción del porcentaje de abandono temprano de los estudios entre los jóvenes; incremento del número de titulados en educación superior, universitaria o de formación profesional; mejora general de la competencia lingüística en lenguas extranjeras; incremento de la tasa de aprendizaje permanente de los adultos, etc. La consecución de estos objetivos favorecerá la movilidad y la empleabilidad de jóvenes y de adultos. Tensar la cuerda, poner barreras y fijar el acento en aquello que es visto de manera diferente por unos y por otros desde distintas sensibilidades, o desde distintos contextos, reabrir las disputas competenciales sobre la regulación de los planes de estudio, en vez de aunar esfuerzos en torno de los objetivos compartidos, no me parece la mejor forma de favorecer la mejora de la educación en España y en cada uno de sus territorios, que es de lo que se trata, o quizá es que no es de eso de lo que se trata. Ángel Diez 10-12-2012