Los orígenes de la escuela rural en Teruel
La creación de un sistema escolar en el siglo XIX
DOI de la reseña:
https://doi.org/10.23824/ase.v0i35.725
Autores: Alcalá Ibáñez, Mª Lourdes; Castán Esteban, José Luis
Editorial: Caligrama
Año edición: 2020
Páginas: 364
Formato papel: tapa blanca, 22,7 x15 cm.
ISBN papel: 9788418152139
ISBN eBook: 9788418152696
Autor de la reseña: Ángel Lorente Lorente, inspector de educación de Zaragoza
Cualquier investigación que recupere la memoria histórica de la educación española y aragonesa, en particular cuando se constituyó el sistema educativo en el marco del Estado liberal en el siglo XIX, será siempre bienvenida, porque completa y mejora nuestro conocimiento y comprensión del hecho educativo de los tres últimos siglos en España. Se trata de un riguroso estudio acotado a los orígenes de la escuela rural en la provincia de Teruel en el s. XIX, llevado a cabo por dos inspectores de educación, Lourdes Alcalá y José Luis Castán, ambos doctores en Ciencias de la educación y en Historia respectivamente.
En su libro, titulado Los orígenes de la escuela rural en Teruel. La creación de un sistema escolar en el siglo XIX, se parte de una buena contextualización histórica y geográfica de la provincia de Teruel en ese periodo. Para los lectores que no la conozcan bien, es una provincia eminentemente rural, que tuvo muchas localidades con menos de 1000 habitantes en el s. XIX y que en el s. XXI ha sufrido una sangrante despoblación. Cabe subrayar que era y es una de las provincias españolas con menor densidad poblacional y desarrollo, con un duro clima, una escasa productividad, una agreste geografía y una gran dispersión de la población. Son algunas de las características de su geografía física y humana que explican la situación de la educación en el s. XIX y en nuestros días, de tal modo en las últimas décadas años ha surgido un pujante movimiento ciudadano denominado “Teruel existe” en el contexto de la denominada “España vacía”, en expresión del ensayista Sergio del Molino (2016).
El estudio histórico de Alcalá y Castán se estructura externamente en dos partes bien diferenciadas. En la primera, se abordan los orígenes de la escuela rural en la provincia de Teruel, destacando los muchos datos estadísticos que los autores nos aportan, así como el muy interesante capítulo titulado “La escuela turolense por dentro” y su modelo organizativo. En cuanto a la segunda parte, se estudia la Administración educativa en la provincia, destacando el tema de la gestión, control y la supervisión de la primera enseñanza. Para ello se han apoyado con rigor en las fuentes documentales consultadas (principalmente, la normativa, las actas de las Juntas provinciales de Instrucción, los informes de la Inspección de Primaria, las Memorias anuales de los Gobernadores civiles). Esas múltiples y variadas fuentes de información quedan reflejadas en las 11 páginas de bibliografía y las 564 notas a pie de página, lo cual le da un gran valor científico al estudio.
En cuanto a su contenido, la obra es exhaustiva por la cantidad de datos aportados, por lo que optamos por detenernos en algunos temas centrales que abordan. En primer lugar, se analiza la lamentable situación de la enseñanza primaria en Teruel y por extensión en el resto de las provincias españolas a lo largo del siglo XIX, si bien se muestran documentalmente los avances que se pudieron lograr en ese periodo. Se trata de una problemática educativa que continuará sobre todo hasta el primer tercio del siglo XX, como ha estudiado Hernández Díaz (2000). Algunas de las cuestiones que el libro plantea tienen cierta actualidad, porque las características de la provincia siguen siendo un reto de política y de gestión educativas para mantener el derecho a la educación con calidad y equidad en una de las zonas de la España vaciada o despoblada, para la cual se reclama un pacto de Estado en estos momentos. Vaya por delante que la situación actual dista mucho, por fortuna, de la del siglo XIX. Pero, precisamente, conocer mejor nuestro pasado educativo ayuda a valorar lo mucho que ha avanzado la escuela rural en España y en Teruel, desde la primera ordenación del sistema educativo español con la llamada “ley Moyano”, primera ley educativa española de 1857 vigente en sus bases hasta 1970 y sustituida por la Ley General de Educación de 1970 que estableció la segunda gran reforma educativa de todo el sistema educativo español (De Puelles). La tercera gran reforma educativa llegó con la LOGSE, hace 30 años.
En la primera parte, desde comienzo del siglo hasta la citada ley Moyano de 1857, se nos exponen las muchas limitaciones de la escuela rural turolense, mientras que en la segunda parte de la obra, hasta finales de siglo -en mi opinión, el plato fuerte del libro- se nos explica cómo, al aplicarse esta primera ley de educación, el Estado liberal decimonónico comienza a tejer un incipiente sistema educativo para toda la población y a comenzar a asumir con muchas limitaciones, la educación como servicio público; si bien nos explicarán los autores, estuvo muy condicionada por la penosa financiación de las escuelas y de los maestros que dependían lamentablemente de los ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales, instituciones que fueron verdaderos lastres por variadas razones. Una de ellas tenía carácter nacional y no solo turolense. Así, el aragonés Joaquín Costa denunciaba a finales del siglo XIX el caciquismo como forma de gobierno en España y en sus pueblos. En efecto, no era el Estado, sino los ayuntamientos los que proveían las vacantes de los maestros, los controlaban y (mal)pagaban (“pasa más hambre que un maestro de escuela” se decía) y por eso la mayor aspiración de los maestros, como se verá a través de su prensa profesional, fue escapar a su control. Solo a comienzos del siglo XX, en 1901, se hará cargo el Misterio de Instrucción y Bellas Artes del pago de los haberes de los maestros, con lo que comenzó un periodo de mayor dignificación profesional y de independencia, contribuyendo a potenciar la enseñanza primaria y la educación en general, como forma de regenerar el país.
También los inspectores Alcalá y Castán nos facilitan otros datos hasta ahora apenas conocidos que son los que les ayudan a fundamentar las conclusiones de su estudio. La enseñanza primaria en la provincia de Teruel durante el siglo XIX sufrió tal debilidad estructural en las zonas rurales que fue un lastre para la modernización y desarrollo de toda la provincia; situación bastante generalizada en toda España y que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XX, con el paréntesis de la II República y hasta la reforma educativa de 1970. Recordemos por ejemplo, que en los años 60 del pasado siglo, cuando confluyeron en el instituto de Teruel “Ibáñez Martín” (ahora “Vega del Turia”), un excelente equipo de docentes como Sanchís Sinisterra, Valdivia, Labordeta, Clemente y otros, la provincia de Teruel no contaba más que con dos institutos y una escuela Normal de Magisterio como único centro superior de enseñanza, situación que, afortunadamente, poco tiene que ver con la oferta educativa universitaria que la provincia tiene en estos momentos.
En el siglo XIX, las dificultades de comunicación, originadas por la orografía de la provincia de Teruel, su duro clima, su escasa productividad económica, centrada en la agricultura y la ganadería, en la mayoría de los casos familiar y de auto subsistencia, no eran los principales escollos, sino principalmente un Estado y unos ayuntamientos que no apostaban con decisión por la educación, pues las tasas de analfabetismo, a pesar de algunos esfuerzos, no descendieron de forma significativa en el s. XIX, aunque la situación fuera todavía peor en otras provincias españolas. Es cierto que se fue mejorando y a mitad de siglo se habían creado 121 escuelas primarias en Teruel y el 88,50 % de sus pueblos disponían de escuela (otro tema es en qué condiciones y con qué maestros, su formación inicial y el sistema de acceso a las vacantes, como bien explican los autores). El estudio ofrece datos sobre el número de escuelas que eran necesarias en toda la provincia en 1858, según el Gobernador civil de Teruel y analiza la evolución de estos datos antes y después de la Ley Moyano de 1857, para detectar, sin embargo, un claro declive a finales de siglo, sobre todo en la falta de escuelas de niñas, de párvulos (solo había 5 en 1893) y de adultos.
Otro dato relevante del contexto decimonónico, aportado por los autores del libro, son las consecuencias que tuvieron para el Estado y los ayuntamientos los desastres causados por la guerra contra el invasor francés y, en particular en Teruel, por la incidencia que tuvieron las guerras carlistas (añoraban una vuelta al Ancien Regime) en buena parte de la provincia, en particular en el Maestrazgo. Es decir, el fenómeno bélico no contribuyó a tener un clima de paz y de provisión de fondos económicos, por parte del Estado, necesarios para sostener la guerra y no para destinarlos a la escuela, sin olvidar la negativa repercusión que tuvo también la desamortización de bienes comunales para los ayuntamientos.
El analfabetismo en España y en Teruel fue un mal endémico durante el s. XIX. En 1860 el porcentaje de varones analfabetos en Teruel era del 75,5 % y del 94 % en el caso de las mujeres, un poco más alto que la media nacional. El absentismo escolar de niños y sobre todo de niñas a lo largo del s. XIX en la provincia (y en todo el país) fue un tema que persistió a principios del s. XX, así como la situación de miseria económica de los maestros y su falta de preparación. A diferencia del s. XX, la profesión de maestro en el siglo XIX estaba totalmente masculinizada y, además, había menos oferta escolar para niñas (solo el 18,40 % de los municipios contaban con escuelas para niñas). Sin duda, el absentismo de los niños, controlado por el inspector provincial y las Juntas locales y provinciales de Instrucción pública, se debía en buena parte, por ser reclamados por sus familias para las faenas agrícolas y ganaderas. Aún peor era la situación de absentismo de las alumnas, en el supuesto de que existiera escuela en la localidad. La ley de asistencia escolar y trabajo infantil de 1873 fue un avance, pero quedó en papel mojado, como se denunciaba en la importante prensa profesional del Magisterio turolense. Según los autores del libro, a finales del siglo el problema ya no era tanto la escasez de escuelas, sino la falta de asistencia del alumnado y el desinterés de las familias más preocupadas por subsistir trabajando padres e hijos juntos que por aprovechar una enseñanza primaria que les podría favorecer como personas, ya que las familias no veían en ella una utilidad práctica para mejorar su situación socioeconómica.
Otro dato revelador que se nos aporta es el relativo a cómo produjo una clara discriminación entre localidades más pequeñas de la provincia: no se pudo mejorar la situación de las llamadas escuelas” incompletas” en pueblos con menos de 500 habitantes, tan abundantes en la provincia, porque sus maestros no estaban obligados a tener el título habilitante, ni tampoco a impartir todas las materias, ni estaban bien pagados ni las vacantes se cubrían con agilidad administrativa por parte de los ayuntamientos. Por otro lado, no había un control exhaustivo de la recién creada Inspección de Primaria del Estado, porque no podía llegar a tantos municipios con los medios de transporte de tracción animal, que por entonces se podía contar. Todo ello contribuyó a que estas pequeñas localidades estuvieran claramente discriminadas dentro de la provincia desde el punto de vista de la oferta y de la calidad de la enseñanza primaria que recibían sus niños y niñas.
Además de la oferta pública, el estudio incluye un capítulo novedoso con datos poco conocidos sobre la oferta educativa de colegios privados en Teruel, muy inferior a la media provincial española. En 1879 funcionaban 17 escuelas privadas de niños y niñas en la provincia. Las más importantes estuvieron en la capital y en otras dos ciudades: los escolapios de Albarracín y de Alcañiz. Estos centros no eran supervisados por la Inspección Provincial.
La obra de Lourdes Alcalá y José Luis Castán expone y explica con detalle la miserable situación económica de los maestros a la que ya hemos aludido, con algunas excepciones. Nos exponen cómo los municipios les adeudaban los salarios en dinero o en especie, la discriminación de las maestras, pues sus sueldos eran aún más bajos por el mero hecho de ser mujeres, el pluriempleo de maestros para poder sobrevivir como organista, sacristán u otros oficios... Tan es así que, para los autores la mayor carencia de la Ley Moyano fue que permitiera a los ayuntamientos contratar y pagar a los maestros. Por otro lado, acometen el análisis de la penosa formación inicial que tenían los maestros y maestras y los diversos intentos de mantener la recién creada Escuela Normal de Teruel en 1841 para maestros, en las dependencias de la Diputación Provincial, tras la Ley de Instrucción Primaria de 1838. Con todo, un hito provincial importante fue la puesta en marcha de otra Normal para maestras en el año 1857 durante 10 años. Pero ambas pasaron grandes dificultades económicas, ya que la Diputación también tenía que hacerse cargo también desde 1845 del recién creado instituto de Teruel, lo cual nos indica la inhibición del Estado ante la necesidad de potenciar la enseñanza secundaria y la primaria en las zonas rurales. Así, la Normal se suprimió en tres ocasiones (Teruel acaba el siglo sin Escuela Normal de maestros, pero con una elemental de maestras) estando sin esa tipología de centros desde 1869 a 1891, cuando lo cierto es que había mucha necesidad de maestros y escuelas en los pueblos. El maestro Miguel Vallés, muy citado en el libro, crítico con este hecho y con la situación profesional de los maestros en la provincia, en 1879 preparaba para exámenes libres de maestros en una academia privada.
Por esos motivos, la investigación que presentamos “...constata la debilidad de las zonas rurales de Teruel, lo que ralentizó su modernización y produjo un distanciamiento con (otras) regiones” de España (p. 345). No obstante, el estudio pone de relieve aspectos positivos en cuanto al avance de la educación primaria en la provincia, pero siempre con altibajos: desde un crecimiento en intentos de mejora hasta el empeoramiento de la situación de las escuelas de niño, de niñas, de párvulos y de adultos hacia finales de siglo. El hecho de que el Estado comenzara a tomarse en serio muy poco a poco la enseñanza primaria rural, con el Reglamento de 1838, con la creación de la Inspección Primaria en 1849 y sobre todo, con la primera Ley de la educación española de 1857, supuso, según los autores del libro, una cierta mejora de las dotaciones y retribuciones de los maestros de todo el país, si bien los (mal)pagadores seguían siendo los ayuntamientos, frente a la petición de los maestros de que se hiciera cargo de sus haberes el Estado de forma centralizada, como lo refleja la prensa profesional de la época. Cabe decir, que en ocasiones la normativa expresaba unas intenciones de política educativa, pero luego no había recursos económicos y no siempre los ayuntamientos la apoyaron, bien por falta de medios, bien por no considerar una prioridad la enseñanza primaria de sus vecinos. Con todo, se llegó a incrementar en un 33,5 % el importe presupuestario de los ayuntamientos en el sostenimiento de la escuela primaria y también se logró la nivelación de salarios entre maestros y maestras, se crearon escuelas de niños y de niñas en todos los pueblos que carecían de ellas, y se abrieron escuelas de adultos en los meses de invierno (225 en 1867), cuando había menos trabajo en el campo.
Los autores de este libro han investigado también acerca de la importancia de los edificios y lugares donde se ubicaron las escuelas primarias a lo largo del siglo XIX, tan importantes en la investigación histórica educativa, y en particular el capítulo dedicado a lo que ellos llaman la “escuela por dentro” (tiempos y espacios escolares, organización y gestión del aula, materias, libros y los escasos recursos didácticos...). Los lugares elegidos para escuelas y sus instalaciones apenas mejoraron en la segunda mitad: en 1880 solo un 20 % de escuelas estaban en buen estado, según la Inspección provincial. Las escuelas tuvieron, no obstante, lo imprescindible, según los autores, como marcaba el Reglamento de 1838 y de hecho, en el último tercio se añadieron nuevos recursos. La Inspección Provincial cumplió un papel importante en el control de las escuelas y maestros, hasta donde pudo llegar, veló por el absentismo escolar, formó parte de los tribunales de oposiciones para pueblos de más de 1000 habitantes y se implicó en potenciar y reabrir las escuelas Normales en Teruel, incluso un inspector fue su director en 1858 (Miguel Villarroya) y otro en 1886.
Otro dato histórico de interés ya nombrado, fue la existencia de tres publicaciones profesionales dedicadas al Magisterio, La Concordia, la Unión y la Guía del Magisterio, destacando la figura del mencionado maestro Miguel Vallés (todavía tiene dedicado un colegio en la capital). Esta prensa servía de medio de denuncia de la situación laboral y profesional que sufrían los maestros y como medio de difusión de la normativa; incluso difundían escritos del inspector provincial. En medio de tantas dificultades resulta satisfactorio comprobar la tarea que dicha prensa del magisterio desempeñó en el s. XIX, estudiada también por los profesores Carmen y Fermín Ezpeleta en el Teruel en la Restauración, “cuando los maestros se morían de hambre”, así como la decisión de que los maestros se asociaran para mejorar su situación económica.
El muy documentado estudio de Alcalá y Castán permite que tengamos hoy una buena radiografía sobre la situación de la escuela primaria rural en Teruel en el s. XIX y del funcionamiento de su control y supervisión a través de la Inspección provincial, de las Juntas provinciales de Instrucción pública y de los Gobernadores civiles. Hubo algunas luces y bastantes sombras, pues cierto que se incrementaron las escuelas en la provincia y el nivel de estudios de los maestros, pero también las limitaciones estructurales eran casi insuperables, porque también concernían a toda la escuela rural española. Los autores defienden la tesis de que, en la provincia de Teruel, tuvo repercusiones positivas la primera ley de la educación española de 1857, la ley Moyano, y su desarrollo normativo.
Tras la crisis finisecular y comienzos del s. XX se consideraba que poco se había hecho en la escuela rural española, como denunciaba en 1911 Martí Alpera. No es de extrañar que los regeneracionistas, como Joaquín Costa, exigieran para todo el país “escuela y despensa” o “carne y ciencia”, en expresión de Unamuno. También años más tarde, el gran pedagogo Cossío defendía en 1906 y luego en 1915 “gastad, gastad en maestros”, “dadme un buen maestro (...); pero dadle a su vez la consideración que merece o, mejor, que él lleva consigo en el propio valer de su persona” (citas de El Maestro, la escuela y el material de enseñanza, 1906 y de La Enseñanza primaria en España, ambas publicadas por el Museo Pedagógico Nacional, dirigido por él mismo). Pero este deseo no llegará en serio hasta los años 30 del siglo XX con la II República. Ante esta situación, no es de extrañar otra de las conclusiones de este estudio histórico, al poner de relieve que en las condiciones históricas en que se desarrolló la escuela rural en Teruel en el siglo XIX, no pudo contribuir, ni al desarrollo comunitario de la provincia, ni al progreso material ni intelectual de los pueblos y sus gentes, como también ocurrió, no lo olvdemos, en otras muchas provincias españolas en esa centuria.
Explicar el pasado ayuda a entender y mejorar el presente con vocación de futuro. Dando un salto de la historia decimonónica de la escuela rural turolense, al presente de la educación en la provincia, podemos comprobar con satisfacción el progreso que ha tenido Teruel en educación desde los años 80. Afortunadamente, hoy la escuela rural en España es otra y se mantienen escuelas unitarias con cuatro alumnos, al menos en Aragón, para no cerrar la escuela del pueblo y esta, a su vez, se integra en el modelo organizativo de colegios rurales agrupados, con maestros tutores y especialistas itinerantes, bien formados en las actuales Facultades de Educación.
Como he mencionado, en pleno siglo XXI, en la provincia ha cobrado fuerza un movimiento ciudadano llamado “Teruel existe”, y emergen en muchas zonas rurales jóvenes que, habiendo recibido, ahora sí, una buena educación en su pueblo o comarca, optan con orgullo por quedarse en sus pueblos, defendiendo sus escuelas y tienen una proyección cultural y asociativa remarcable a nivel local y comarcal, desmintiendo el tópico de la España “vacía”, expresión que ellos no comparten, como tampoco lo hacen escritores como María Sánchez (2019) en su ensayo Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural.
Estudios, como el que han hecho Alcalá y Castán nos ayudan a valorar que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Ellos han rellenado un hueco en la historiografía educativa española del s. XIX y, sin duda, será fuente de consulta para otras investigaciones sobre la historia educativa y social contemporánea de Teruel.
Por otro lado, debemos considerar la existencia de buenos historiadores de la educación en Aragón. Con este nuevo estudio, Lourdes Alcalá y José Luis Castán hacen nuevas aportaciones sobre la historia de la educación en nuestro territorio y se suman a los que han investigado sobre la historia de la enseñanza primaria y su profesorado, como Rosa Domínguez, que fue catedrática de la materia en la Escuela de Magisterio de Zaragoza y Víctor Juan, a la sazón, profesor universitario y director del Museo Pedagógico de Aragón. En cuanto a investigaciones sobre el profesorado y la enseñanza secundaria, que suelen ser menos frecuentes, contamos con dos profesores aragoneses, también doctores, como son Eliseo Moreno Burriel (2018) con su libro Depurar y castigar. Los catedráticos de Geografía en los comienzos del Estado franquista (1936-1943), así como el reciente libro escrito por Juan Mainer (2021): Consagrar la distinción, construir la diferencia. Una historia del instituto de Huesca a través de sus catedráticos (1845-1931).
Finalmente, el hecho de que Lourdes Alcalá y José Luis Castán sepan unir esta vocación investigadora junto al desempeño de su trabajo como inspectores de educación en la provincia de Teruel con sentido de compromiso profesional, señalan una faceta a la que tampoco es ajena el cuerpo de inspectores, ya que históricamente ha habido figuras relevantes en el mismo que han hecho valiosas aportaciones para la comprensión de la historia de la educación española a través de estudios sectoriales como el que nos ha ocupado. En definitiva, un libro recomendable para inspectores, profesores, historiadores y para toda persona apasionada por conocer a fondo la evolución de la escuela rural desde el s. XIX a nuestros días.
Como citar el libro:
Alcalá Ibáñez, Mª Lourdes; Castán Esteban, José Luis (2020). Los orígenes de la escuela rural en Teruel. La creación de un sistema escolar en el siglo XIX. Caligrama editorial